Celulosa Argentina informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que sus plantas de Capitán Bermúdez (Santa Fe) y Zárate (Buenos Aires) se encuentran completamente inactivas, con tareas limitadas a mantenimiento menor a cargo de personal disponible. Esta medida se debe, según la compañía, al marcado deterioro del capital de trabajo y se inscribe en una de las crisis más severas de su historia centenaria.
Controlada por Tapebicuá Investment Company, vinculada a José Urtubey, Juan Collado y el inversor estadounidense Douglas Albrecht, la empresa atraviesa meses de desequilibrios operativos y financieros. En mayo incumplió sus pagos (default), en junio presentó un plan para reestructurar una deuda de 128 millones de dólares que aún no ha cerrado, y en julio fue demandada por quiebra por uno de sus principales acreedores.
El proceso de deterioro se aceleró en abril, cuando Celulosa contrató a la consultora VALO Columbus para diseñar un plan de reestructuración. Posteriormente, anunció su imposibilidad para afrontar vencimientos de mayo por 25 millones de dólares, con más del 56% de la deuda a corto plazo y resultados financieros negativos. En su último balance, reportó pérdidas por 38.769 millones de pesos y un EBITDA desplomado a 3,5 millones de dólares, desde los 55 millones del año anterior. Mientras las ventas internas cayeron un 32%, las exportaciones crecieron, pero con menor rentabilidad.
El plan presentado ante la CNV en junio contempla postergar pagos de capital por dos años, intereses de 3% en dólares y 5% en pesos, y la subordinación de un cobro de 21 millones de dólares por parte del accionista mayoritario. Además, prevé la posibilidad de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial judicializado si no se logra un acuerdo con los acreedores.
En julio, Tecmaco Integral, uno de sus principales acreedores, solicitó la quiebra de la compañía ante el Juzgado Civil y Comercial N°1 de San Lorenzo. Celulosa tenía hasta el 21 de julio para responder la demanda, pero aún no se ha pronunciado públicamente.
La fecha límite para cerrar la reestructuración era el 31 de julio, aunque no se confirmó si se alcanzó el nivel de adhesión requerido. Mientras busca inversores o socios para inyectar capital, las plantas continúan paralizadas y la empresa enfrenta un panorama judicial, operativo y financiero que pone en riesgo su continuidad.
Cabe destacar que en septiembre del año pasado ya había cerrado su aserradero San Charbel en Garruchos, Corrientes, con despidos incluidos. La paralización total y sostenida de sus operaciones es una posibilidad que, lejos de ser remota, avanza rápidamente, mientras la papelera intenta evitar un colapso definitivo.
